ACADÉMICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE VENEZUELA Y DE TODAS LAS
NACIONES
5 de marzo 2014
Valencia-Venezuela
Nosotros,
profesores de la Universidad de Carabobo, conscientes que nuestra
responsabilidad, más allá de generar y sembrar conocimientos, es también la de
apoyar a nuestros estudiantes realzando sus sueños con sentido ético y humano.
Estamos completamente seguros que, este episodio que hoy ellos viven con real
crudeza, está modelando un aprendizaje que les acompañará el resto de sus
vidas. Es así como declaramos que las vías correctas e imperiosas para que
acabe esta espiral de violencia, de afrenta y de ultraje a los derechos
consagrados, son: HACER JUSTICIA, EXIGIR
DERECHOS y REARMAR VALORES. Nuestra posición la ejercemos, alimentados de
los valores y principios republicanos y democráticos que deberían alumbrar la
nación. Con este espíritu, la pretensión que se efectúa hoy a viva voz, en este
acto con motivo de la Convocatoria realizada por el Foro Penal Venezolano, en
la ciudad de Valencia, es la de accionar nuestros derechos constitucionales.
I
RECURRENTE VIOLACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS
Los
venezolanos tenemos consagrado nuestro derecho a protestar para exigir que se
respeten nuestros derechos. Es importante destacar la premisa que los derechos
fundamentales del hombre son irreversibles e irrenunciables. Así está
establecido en nuestra carta magna y en las leyes y tratados internacionales.
Las garantías para que se den tales derechos deben ser la constante de todo
sistema de gobierno. El respeto a la vida y a la integridad humana, la
seguridad alimentaria, la seguridad de una educación de calidad, la seguridad
ciudadana, la seguridad de vivienda, la seguridad laboral, la seguridad
económica, la seguridad de contar con infraestructuras y servicios sostenibles,
son aspectos que no se han destacado como compromisos al momento de hacer
llamados de paz, que por el contario junto con el aspecto de la justicia
suponen la bases requeridas por el pueblo venezolano para lograr la satisfacción
plena de su existencia y convivencia. Es evidente e innegable la constante
violación de tales, por lo cual los ciudadanos en pleno ejercicio de sus
facultades han activado los medios de protesta para reclamar celeridad y
prontitud en resolver con responsabilidad plena estos problemas. Por lo tanto,
no es criminal accionar el derecho a la manifestación por desacuerdos con las
políticas del gobierno; por el contrario es un derecho exigir que los planes y
programas sean deslindados de todo proyecto político-ideológico, ya que este
último aspecto socava la raíz de la solución de las incongruencias.
II
PRÁCTICAS DE
VIOLENCIA
No
obstante la recurrente violación de derechos humanos exteriorizada en los
últimos tiempos, puede decirse que desde que inició el año hemos vivido un
aceleramiento vertiginoso de la praxis. Gravísimos sucesos que se resumen en
prácticas de violencia física y psicológica, sistemática y generalizada en
contra de la población civil por parte de organismos de seguridades públicas,
militares y paramilitares bajo política y dirección de representantes oficiales.
En esta atmósfera hostil, en fecha 17 de Febrero 2014 el Movimiento
Universitario manifestó a la opinión pública su preocupación e interpelación pública
a las instituciones que conforman el sistema de justicia, en el entendido de
demandar sin justificación ni excusa por parte del Estado venezolano el
resguardo y protección forzosa de los derechos humanos y de las personas en
territorio venezolano, asimismo, la determinación de las responsabilidades
funcionariales a que hubiere lugar con motivo de los hechos y victimas, sus
relatos y testimonios.
Hoy se
ratifica lo argumentado en fecha 17 de Febrero 2014 tomando en cuenta que no
existe información oficial equilibrada, específica y de acceso público que
calme la alarma psíquica y la tensión emocional que se percibe en la población con
motivo de la ocurrencia de los hechos, en efecto, han
transcurrido más de veinte (20) días sin que exista información oficial sobre
investigación creíble, concreta, explicativa y responsable de quienes son
responsables constitucionales de determinar responsabilidades ante el HECHO
INDUBITABLE, PÚBLICO, NOTORIO Y COMUNICACIONAL DE VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS; e incluso, deshonroso, al cometer actos que califican como “torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”-crímenes contra la humanidad o de
lesa humanidad-. Caso contrario, en fuente controlada y homogeneizada de
información oficial se divulgan declaraciones de personeros públicos que
criminalizan victimas, que justifican el uso desproporcionado de la fuerza
pública, que lo aplauden, que dicen de forma ligera “esperar las denuncias de
las víctimas”, cuando bien saben que se trata de delitos sujetos a la acción
pública por instrucción constitucional, por cuanto fueron delitos cometidos por
funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones; y, en ese contexto desviado,
inconsciente e irresponsable del manejo de lo público no solo perjudican
severamente la situación actual, también evaden la concreción de los hechos,
así como, la determinación de responsables.
Observamos
con preocupación cómo se construye la utilería para un escenario paralelo, uno
en el cual se niega a las víctimas, se les hace invisibles, un escenario donde
no existen responsables; es decir, se busca borrar la memoria, hacer lo posible
y lo imposible por saltar o sacar el HECHO VIOLACIÓN DE LOS DDHH de la
esfera técnica y profesional. Por esta razón la utilidad de echar mano a “la
arena política” que no determina hechos, mucho menos responsabilidades
delictivas; todo lo contrario. Así, el genio prestidigitador de la política sin
alma y sin escrúpulos pareciera que actúa en función de la impunidad para que
estos asuntos que muestran la cara repugnante del poder absoluto “queden en la
historia” y para la “conmemoración protocolar”.
Hacer
difusas las responsabilidades y respaldar en repetidas ocasiones el
comportamiento “inaceptable de la violencia” contra una población vulnerable e
indefensa es sin duda una forma que no permite la ética humana.
III
HACER JUSTICIA-EXIGIR
DERECHOS
La Justicia
que reclama la nación no depende de los acuerdos políticos, depende totalmente
de instancias de poder que tienen el DEBER CONSTITUCIONAL DE CONTROLAR EL PODER
POLÍTICO Y DE GARANTIZAR LA EFECTIVA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN. En estos
términos se ratifica
con carácter de ultimátum y como una resolución autónoma, constitucional y
propia de la naturaleza de una Asamblea ciudadana (artículo
70 CRBV); lo siguiente:
1)
Se demanda al MINISTERIO PÚBLICO el cumplimiento de sus
atribuciones/DEBERES CONSTITUCIONALES (Artículos 7/253/285 CRBV).
2)
Se demanda a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO el cumplimiento de sus
atribuciones/DEBERES CONSTITUCIONALES (7/250/251/253 CRBV).
3)
Se demanda al PODER JUDICIAL el cumplimiento de sus
atribuciones/DEBERES CONSTITUCIONALES (7/253/254 CRBV). En este escenario
recordarles que “Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los
términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados,
por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación,
parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el
desempeño de sus funciones.” (255 CRBV)
4)
Se demanda al Poder Ciudadano, ejercido por el Consejo Moral
Republicano e integrado por la Defensora del Pueblo, la Fiscal General y la
Contralora General de la República el cumplimiento de sus atribuciones/DEBERES
CONSTITUCIONALES (7/274/275/278 CRBV).
Se invocan
los
artículos 7 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reclamando
inmediatamente el restablecimiento y efectiva
vigencia del orden constitucional, basándonos asimismo en nuestro deber
constitucional, esto es, reclamamos del sistema de justicia el restablecimiento
del “Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político” (artículo 2 CRBV) Lo que en efecto hacemos,
alimentados de los valores y principios republicanos y democráticos que alumbran
la nación. Con este espíritu, la pretensión se
efectúa a viva voz, con motivo de la Convocatoria realizada por el Foro Penal
venezolano, organización no gubernamental que activamente ha asumido defensa de
los cientos de jóvenes y ciudadanos que en Venezuela han sido sometidos por
ejercer derechos constitucionales.
Hoy a
la luz pública se presentan los hechos y testimonios que hasta la fecha “son silenciados
e inexistentes en los foros de la justicia”.
Ciudadanos
que participan del sistema de justicia no se les permite ni es tolerable el
incumplimiento de sus DEBERES CONSTITUCIONALES, seamos congruentes y
pertinentes. La Justicia sólo es Justicia cuando hay Tutela Judicial Efectiva
(26 CRBV) No sean coautores de la violencia, no sean cómplices guardando
silencio! Hay VICTIMAS y ustedes tienen la RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL y
HUMANA DE DETERMINAR LOS RESPONSABLES. Apelamos como última instancia a su
consciencia humana y al juramento que como profesionales hicieron al tomar sus
títulos!. Al juramento que hicieron al tomar posesión de sus cargos. Apelamos a
su responsabilidad individual y social. Ciudadanos que participan del sistema
de justicia: TODOS SABEMOS QUE SIN JUSTICIA NO HAY PAZ, que la paz es un hecho
que se concreta desde el ahora, desde lo interno, lo cotidiano y lo colectivo; no
desde el pasado, la imposición y lo extraordinario-normativo. Este es el tamaño
de su responsabilidad, por la que rendirán cuenta en algún tiempo y en algún
lugar; a la nación, a su ascendencia, a su descendencia, a nuestros maestros.
Para
cosechar un objetivo concreto: JUSTICIA, JUSTICIA SIN VENGANZA; PERO JUSTICIA
CONSTITUCIONAL, IMPARCIAL, AUTÓNOMA e INDEPENDIENTE PARA VENEZUELA!. Pedimos en
este sentido, el apoyo total de la sociedad civil, para que nuestras artes,
saberes, disciplinas y conocimientos se enfilen a materializarlo.
Así, en
el decir de nuestro Mandela “Nunca, nunca y nunca más este bello país volverá a
experimentar la opresión de uno sobre el otro y sufrirá la indignidad de ser la
mofeta del mundo” (1994)
El 22
de julio de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial número 40.212 la "Ley
Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos
y Degradantes". No basta Constitución ni leyes, se requieren acciones
coherentes y responsables. El sistema de justicia tiene la palabra.
IV
HACER
JUSTICIA-REARMAR VALORES.
El
Sistema de Valores determina la forma de pensar de un país. Somos una sociedad
pensante, motivo por el cual tenemos la capacidad de autorregular nuestros
conceptos de vida, libertad, futuro, justicia, respeto, propiedad, prosperidad,
solidaridad, familia, información, entre otros. La violación de derechos
humanos avalada por un sistema de justicia inoperante y la criminalización de
la protesta cuando se reclaman derechos consagrados, resquebraja y soslaya de
buena manera el sistema de valores del pueblo venezolano. Vemos como la
corrupción, la impunidad, la falta real de compromiso acaba con los valores de
honestidad y credibilidad de hombres e instituciones. Hoy en día, los valores
humanos del venezolano deben constituirse en ese elemento que podrá hacer más
sólido el sistema de justicia y más fuerte la vocación humana para reclamar y
exigir sus derechos. Solo así se podrá hacer realidad la felicidad individual y
el bienestar colectivo. La reincorporación de valores puede hacer posible la
necesaria transformación de la arquitectura mental que le dé mejor sentido a la
vida, pasando de la supervivencia de hoy, a la existencia plena de mañana. Es
nuestro deber, como Académicos Universitarios de la Universidad de Carabobo,
propiciar y fomentar las acciones para REARMAR VALORES. Así, desde nuestras
aulas, en la calle, con nuestras enseñanzas y ejemplo será posible modelar la
recomposición de los valores humanos que hagan más fuerte a nuestra sociedad.
V
ACUERDOS/DEMANDAS
Como
una resolución autónoma, constitucional y propia de la naturaleza de una
Asamblea ciudadana (artículo 70 CRBV); nosotros, profesores de la Universidad
de Carabobo hemos concluido en los siguientes acuerdos y demandas:
1)
Demandar
sin justificación ni excusa por parte del Estado venezolano el resguardo y
protección imprescindible e ineludible de los Derechos Humanos de las personas en
territorio venezolano durante las protestas civiles. No más balas ni torturas.
2)
Reclamar
las responsabilidades de los funcionarios públicos (civiles y militares) a que
hubiere lugar, sean materiales e intelectuales, con motivo de los hechos y las declaraciones
de las propias víctimas, sus relatos y testimonios, y con base a investigación
profesional, creíble, concreta, explicativa; conforme a derecho. La protesta es
una expresión del pueblo, no un crimen.
3)
Demandar
de inmediato el cumplimiento de las atribuciones y deberes constitucionales a
los órganos del Estado: MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PODER
JUDICIAL, PODER CIUDADANO.
4)
Exigir
en nombre de la nación, a los ciudadanos protagonistas del sistema de justicia,
para que despierte su consciencia humana y recuerden que prestaron su juramento
al tomar títulos profesionales y al tomar posesión de sus cargos, para que
actúen de cara a los valores trascendentales de la Humanidad.
5)
Convocamos
a los universitarios a prestar amor incondicional y esfuerzo total, para que
nuestras artes, saberes, disciplinas y conocimientos se enfilen a materializar
la DEFENSA DE LOS DDHH de forma efectiva y unidos hagamos seguimiento hasta
“HACER JUSTICIA”.
6)
Convocamos
a los universitarios, para que con nuestras artes, saberes, disciplinas y
conocimientos asumamos la responsabilidad de materializar la ARMONÍA Y
CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD VENEZOLANA, pasando por EXIGIR Y RECLAMAR NUESTROS
DERECHOS EN EL JUSTO MOMENTO EN QUE SE VIOLENTEN. Es necesario que desde los
universitarios se levante un programa de reivindicación de derechos que
acompañe a la sociedad en general, y que conjuntamente con otros sectores
activos se fomente y se instruya a la población en las razones para defender,
exigir y reclamar derechos consagrados de manera NO-VIOLENTA, INTELIGENTE Y
CREATIVA.
7)
Convocamos
a los universitarios a comprometerse y solidarizarse en la tarea de materializar
LA PRESENCIA DE VALORES HUMANOS EN LA SOCIEDAD: bajo el principio de UNIDAD SI,
UNIFORMIDAD NO. Es necesario y con urgencia el REARME DE LOS VALORES A TRAVÉS
DEL EJEMPLO Y SU PRÁCTICA SISTEMÁTICA. Hagamos que la Universidad se sienta en
la calle.
RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS!
SOLIDARIDAD
VENEZUELA!
VIVA LA UNIVERSIDAD
VENEZOLANA!
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