miércoles, 12 de marzo de 2014

Académicos de la Universidad de Carabobo A la opinión pública (11-marzo-2014)

A LA OPINIÓN PÚBLICA
Nosotros, Académicos de la Universidad de Carabobo, tenemos un mandato constitucional. Es así como nuestra Ley de Universidades vigente nos indica tres aspectos motivadores: a) Afianzar los valores trascendentales del hombre (art-1); b) Colaborar en la orientación del país (art-2); y c) Ejercer nuestro apostolado académico inspirados en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana (art-4).

Manifestamos ante la opinión pública nuestro apoyo solidario al Movimiento Estudiantil en su protesta pacífica para exigir la garantía de derechos consagrados. Estamos conscientes que nuestra responsabilidad, más allá de generar y sembrar conocimientos, es también la de inspirar a nuestros estudiantes realzando sus sueños con sentido ético y humano. Estamos completamente seguros que, este episodio que hoy viven con real crudeza, están modelando un aprendizaje que les acompañará el resto de sus vidas. Exigimos que sean oídas sus demandas, y en consecuencia, que exista la buena voluntad de atender a una redirección que garantice la dignidad del ser humano, y la plena satisfacción y justicia de derechos: alimentación, salud, seguridad, educación, trabajo, productividad y sana economía, entre otros, con calidad y eficiencia para todos los venezolanos.

Exhortamos al Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo a que presente una agenda política, donde se propongan vías para solucionar la crisis del país. Por ejemplo: Defensa de los derechos humanos; Seguimiento de justicia y libertad plena; Desarme de los grupos violentos; Atención psicológica a los afectados por injusticias y violación de DDHH. Además, los exhortamos a que se utilice la vía expedita de diálogo entre los universitarios, no otras, para que se generen acciones sobre los pasos de apoyo que desde la universidad necesita nuestra sociedad. No solo de las clases de aula respira el país; éste necesita que la universidad también se respire en la calle. Demandamos desechar el acuerdo con el DIBISE.

Exhortamos a nuestra dirigencia gremial, la APUC, a que fije una sólida posición de criterios en cuanto al apoyo del Movimiento Estudiantil y de sus legítimas demandas. Que se haga un llamado urgente a todos los agremiados para que solidariamente se manifiesten en una Asamblea Profesoral. Exhortamos a que se convoquen a otros gremios y actores sociales para conformar un programa reivindicativo de derechos, para afianzar una lucha sostenible.  

Por último, manifestamos que no puede haber paz sin justicia. La justicia canaliza la vía de la paz. Es así como declaramos que las vías correctas e imperiosas para que acabe esta espiral de violencia, de afrenta y de ultraje a los derechos consagrados, son: EXIGIR JUSTICIA, DEFENDER DERECHOS y REARMAR VALORES. Demandamos a todos los poderes públicos del Estado para que cumplan con el mandato constitucional y que sea reestablecido el estado de derecho. Demandamos que cese la violencia y la represión en contra de las manifestaciones pacíficas. Demandamos justicia para los estudiantes asesinados y otros ciudadanos. Demandamos justicia para que sean aclarados todos los casos de uso excesivo de la fuerza pública. Demandamos el desmontaje y desarme de los grupos violentos. Demandamos una cruzada universitaria nacional para afianzar valores.


Académicos de la Universidad de Carabobo. Valencia, 11 de marzo de 2014.

lunes, 10 de marzo de 2014

ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE VENEZUELA Y DE TODAS LAS NACIONES 5 de marzo 2014 Valencia-Venezuela

ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE VENEZUELA Y DE TODAS LAS NACIONES
5 de marzo 2014
Valencia-Venezuela
Nosotros, profesores de la Universidad de Carabobo, conscientes que nuestra responsabilidad, más allá de generar y sembrar conocimientos, es también la de apoyar a nuestros estudiantes realzando sus sueños con sentido ético y humano. Estamos completamente seguros que, este episodio que hoy ellos viven con real crudeza, está modelando un aprendizaje que les acompañará el resto de sus vidas. Es así como declaramos que las vías correctas e imperiosas para que acabe esta espiral de violencia, de afrenta y de ultraje a los derechos consagrados, son: HACER JUSTICIA, EXIGIR DERECHOS y REARMAR VALORES. Nuestra posición la ejercemos, alimentados de los valores y principios republicanos y democráticos que deberían alumbrar la nación. Con este espíritu, la pretensión que se efectúa hoy a viva voz, en este acto con motivo de la Convocatoria realizada por el Foro Penal Venezolano, en la ciudad de Valencia, es la de accionar nuestros derechos constitucionales.
I
RECURRENTE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Los venezolanos tenemos consagrado nuestro derecho a protestar para exigir que se respeten nuestros derechos. Es importante destacar la premisa que los derechos fundamentales del hombre son irreversibles e irrenunciables. Así está establecido en nuestra carta magna y en las leyes y tratados internacionales. Las garantías para que se den tales derechos deben ser la constante de todo sistema de gobierno. El respeto a la vida y a la integridad humana, la seguridad alimentaria, la seguridad de una educación de calidad, la seguridad ciudadana, la seguridad de vivienda, la seguridad laboral, la seguridad económica, la seguridad de contar con infraestructuras y servicios sostenibles, son aspectos que no se han destacado como compromisos al momento de hacer llamados de paz, que por el contario junto con el aspecto de la justicia suponen la bases requeridas por el pueblo venezolano para lograr la satisfacción plena de su existencia y convivencia. Es evidente e innegable la constante violación de tales, por lo cual los ciudadanos en pleno ejercicio de sus facultades han activado los medios de protesta para reclamar celeridad y prontitud en resolver con responsabilidad plena estos problemas. Por lo tanto, no es criminal accionar el derecho a la manifestación por desacuerdos con las políticas del gobierno; por el contrario es un derecho exigir que los planes y programas sean deslindados de todo proyecto político-ideológico, ya que este último aspecto socava la raíz de la solución de las incongruencias.
II
PRÁCTICAS DE VIOLENCIA
No obstante la recurrente violación de derechos humanos exteriorizada en los últimos tiempos, puede decirse que desde que inició el año hemos vivido un aceleramiento vertiginoso de la praxis. Gravísimos sucesos que se resumen en prácticas de violencia física y psicológica, sistemática y generalizada en contra de la población civil por parte de organismos de seguridades públicas, militares y paramilitares bajo política y dirección de representantes oficiales. En esta atmósfera hostil, en fecha 17 de Febrero 2014 el Movimiento Universitario manifestó a la opinión pública su preocupación e interpelación pública a las instituciones que conforman el sistema de justicia, en el entendido de demandar sin justificación ni excusa por parte del Estado venezolano el resguardo y protección forzosa de los derechos humanos y de las personas en territorio venezolano, asimismo, la determinación de las responsabilidades funcionariales a que hubiere lugar con motivo de los hechos y victimas, sus relatos y testimonios.
Hoy se ratifica lo argumentado en fecha 17 de Febrero 2014 tomando en cuenta que no existe información oficial equilibrada, específica y de acceso público que calme la alarma psíquica y la tensión emocional que se percibe en la población con motivo de la ocurrencia de los hechos, en efecto, han transcurrido más de veinte (20) días sin que exista información oficial sobre investigación creíble, concreta, explicativa y responsable de quienes son responsables constitucionales de determinar responsabilidades ante el HECHO INDUBITABLE, PÚBLICO, NOTORIO Y COMUNICACIONAL DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS; e incluso, deshonroso, al cometer actos que califican como “torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”-crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad-. Caso contrario, en fuente controlada y homogeneizada de información oficial se divulgan declaraciones de personeros públicos que criminalizan victimas, que justifican el uso desproporcionado de la fuerza pública, que lo aplauden, que dicen de forma ligera “esperar las denuncias de las víctimas”, cuando bien saben que se trata de delitos sujetos a la acción pública por instrucción constitucional, por cuanto fueron delitos cometidos por funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones; y, en ese contexto desviado, inconsciente e irresponsable del manejo de lo público no solo perjudican severamente la situación actual, también evaden la concreción de los hechos, así como, la determinación de responsables.
Observamos con preocupación cómo se construye la utilería para un escenario paralelo, uno en el cual se niega a las víctimas, se les hace invisibles, un escenario donde no existen responsables; es decir, se busca borrar la memoria, hacer lo posible y lo imposible por saltar o sacar el HECHO VIOLACIÓN DE LOS DDHH de la esfera técnica y profesional. Por esta razón la utilidad de echar mano a “la arena política” que no determina hechos, mucho menos responsabilidades delictivas; todo lo contrario. Así, el genio prestidigitador de la política sin alma y sin escrúpulos pareciera que actúa en función de la impunidad para que estos asuntos que muestran la cara repugnante del poder absoluto “queden en la historia” y para la “conmemoración protocolar”.
Hacer difusas las responsabilidades y respaldar en repetidas ocasiones el comportamiento “inaceptable de la violencia” contra una población vulnerable e indefensa es sin duda una forma que no permite la ética humana.


III
HACER JUSTICIA-EXIGIR DERECHOS
La Justicia que reclama la nación no depende de los acuerdos políticos, depende totalmente de instancias de poder que tienen el DEBER CONSTITUCIONAL DE CONTROLAR EL PODER POLÍTICO Y DE GARANTIZAR LA EFECTIVA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN. En estos términos se ratifica con carácter de ultimátum y como una resolución autónoma, constitucional y propia de la naturaleza de una Asamblea ciudadana (artículo 70 CRBV); lo siguiente:
1)           Se demanda al MINISTERIO PÚBLICO el cumplimiento de sus atribuciones/DEBERES CONSTITUCIONALES (Artículos 7/253/285 CRBV).
2)           Se demanda a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO el cumplimiento de sus atribuciones/DEBERES CONSTITUCIONALES (7/250/251/253 CRBV).
3)           Se demanda al PODER JUDICIAL el cumplimiento de sus atribuciones/DEBERES CONSTITUCIONALES (7/253/254 CRBV). En este escenario recordarles que “Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. (255 CRBV)
4)           Se demanda al Poder Ciudadano, ejercido por el Consejo Moral Republicano e integrado por la Defensora del Pueblo, la Fiscal General y la Contralora General de la República el cumplimiento de sus atribuciones/DEBERES CONSTITUCIONALES (7/274/275/278 CRBV).
Se invocan los artículos 7 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reclamando inmediatamente el restablecimiento y efectiva vigencia del orden constitucional, basándonos asimismo en nuestro deber constitucional, esto es, reclamamos del sistema de justicia el restablecimiento del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (artículo 2 CRBV) Lo que en efecto hacemos, alimentados de los valores y principios republicanos y democráticos que alumbran la nación. Con este espíritu, la pretensión se efectúa a viva voz, con motivo de la Convocatoria realizada por el Foro Penal venezolano, organización no gubernamental que activamente ha asumido defensa de los cientos de jóvenes y ciudadanos que en Venezuela han sido sometidos por ejercer derechos constitucionales.
Hoy a la luz pública se presentan los hechos y testimonios que hasta la fecha “son silenciados e inexistentes en los foros de la justicia”.
Ciudadanos que participan del sistema de justicia no se les permite ni es tolerable el incumplimiento de sus DEBERES CONSTITUCIONALES, seamos congruentes y pertinentes. La Justicia sólo es Justicia cuando hay Tutela Judicial Efectiva (26 CRBV) No sean coautores de la violencia, no sean cómplices guardando silencio! Hay VICTIMAS y ustedes tienen la RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL y HUMANA DE DETERMINAR LOS RESPONSABLES. Apelamos como última instancia a su consciencia humana y al juramento que como profesionales hicieron al tomar sus títulos!. Al juramento que hicieron al tomar posesión de sus cargos. Apelamos a su responsabilidad individual y social. Ciudadanos que participan del sistema de justicia: TODOS SABEMOS QUE SIN JUSTICIA NO HAY PAZ, que la paz es un hecho que se concreta desde el ahora, desde lo interno, lo cotidiano y lo colectivo; no desde el pasado, la imposición y lo extraordinario-normativo. Este es el tamaño de su responsabilidad, por la que rendirán cuenta en algún tiempo y en algún lugar; a la nación, a su ascendencia, a su descendencia, a nuestros maestros.
Para cosechar un objetivo concreto: JUSTICIA, JUSTICIA SIN VENGANZA; PERO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, IMPARCIAL, AUTÓNOMA e INDEPENDIENTE PARA VENEZUELA!. Pedimos en este sentido, el apoyo total de la sociedad civil, para que nuestras artes, saberes, disciplinas y conocimientos se enfilen a materializarlo.
Así, en el decir de nuestro Mandela “Nunca, nunca y nunca más este bello país volverá a experimentar la opresión de uno sobre el otro y sufrirá la indignidad de ser la mofeta del mundo” (1994)
El 22 de julio de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial número 40.212 la "Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes". No basta Constitución ni leyes, se requieren acciones coherentes y responsables. El sistema de justicia tiene la palabra.
IV
HACER JUSTICIA-REARMAR VALORES.
El Sistema de Valores determina la forma de pensar de un país. Somos una sociedad pensante, motivo por el cual tenemos la capacidad de autorregular nuestros conceptos de vida, libertad, futuro, justicia, respeto, propiedad, prosperidad, solidaridad, familia, información, entre otros. La violación de derechos humanos avalada por un sistema de justicia inoperante y la criminalización de la protesta cuando se reclaman derechos consagrados, resquebraja y soslaya de buena manera el sistema de valores del pueblo venezolano. Vemos como la corrupción, la impunidad, la falta real de compromiso acaba con los valores de honestidad y credibilidad de hombres e instituciones. Hoy en día, los valores humanos del venezolano deben constituirse en ese elemento que podrá hacer más sólido el sistema de justicia y más fuerte la vocación humana para reclamar y exigir sus derechos. Solo así se podrá hacer realidad la felicidad individual y el bienestar colectivo. La reincorporación de valores puede hacer posible la necesaria transformación de la arquitectura mental que le dé mejor sentido a la vida, pasando de la supervivencia de hoy, a la existencia plena de mañana. Es nuestro deber, como Académicos Universitarios de la Universidad de Carabobo, propiciar y fomentar las acciones para REARMAR VALORES. Así, desde nuestras aulas, en la calle, con nuestras enseñanzas y ejemplo será posible modelar la recomposición de los valores humanos que hagan más fuerte a nuestra sociedad.


V
ACUERDOS/DEMANDAS
Como una resolución autónoma, constitucional y propia de la naturaleza de una Asamblea ciudadana (artículo 70 CRBV); nosotros, profesores de la Universidad de Carabobo hemos concluido en los siguientes acuerdos y demandas:
1)    Demandar sin justificación ni excusa por parte del Estado venezolano el resguardo y protección imprescindible e ineludible de los Derechos Humanos de las personas en territorio venezolano durante las protestas civiles. No más balas ni torturas.
2)    Reclamar las responsabilidades de los funcionarios públicos (civiles y militares) a que hubiere lugar, sean materiales e intelectuales, con motivo de los hechos y las declaraciones de las propias víctimas, sus relatos y testimonios, y con base a investigación profesional, creíble, concreta, explicativa; conforme a derecho. La protesta es una expresión del pueblo, no un crimen.
3)    Demandar de inmediato el cumplimiento de las atribuciones y deberes constitucionales a los órganos del Estado: MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PODER JUDICIAL, PODER CIUDADANO.
4)    Exigir en nombre de la nación, a los ciudadanos protagonistas del sistema de justicia, para que despierte su consciencia humana y recuerden que prestaron su juramento al tomar títulos profesionales y al tomar posesión de sus cargos, para que actúen de cara a los valores trascendentales de la Humanidad.
5)    Convocamos a los universitarios a prestar amor incondicional y esfuerzo total, para que nuestras artes, saberes, disciplinas y conocimientos se enfilen a materializar la DEFENSA DE LOS DDHH de forma efectiva y unidos hagamos seguimiento hasta “HACER JUSTICIA”.
6)    Convocamos a los universitarios, para que con nuestras artes, saberes, disciplinas y conocimientos asumamos la responsabilidad de materializar la ARMONÍA Y CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD VENEZOLANA, pasando por EXIGIR Y RECLAMAR NUESTROS DERECHOS EN EL JUSTO MOMENTO EN QUE SE VIOLENTEN. Es necesario que desde los universitarios se levante un programa de reivindicación de derechos que acompañe a la sociedad en general, y que conjuntamente con otros sectores activos se fomente y se instruya a la población en las razones para defender, exigir y reclamar derechos consagrados de manera NO-VIOLENTA, INTELIGENTE Y CREATIVA.
7)    Convocamos a los universitarios a comprometerse y solidarizarse en la tarea de materializar LA PRESENCIA DE VALORES HUMANOS EN LA SOCIEDAD: bajo el principio de UNIDAD SI, UNIFORMIDAD NO. Es necesario y con urgencia el REARME DE LOS VALORES A TRAVÉS DEL EJEMPLO Y SU PRÁCTICA SISTEMÁTICA. Hagamos que la Universidad se sienta en la calle.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS!
SOLIDARIDAD VENEZUELA!

VIVA LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA!

https://drive.google.com/file/d/0BycxDFJ4J0gkQ09LbG9XV3Q4RFU/edit?usp=sharing